Organizaciones nacionales e internacionales: Honduras debe revocar la prisión preventiva ordenada contra los defensores del agua de Guapinol
En la próxima audiencia de revisión de medidas, a celebrarse este viernes 18 de diciembre, las autoridades hondureñas deben revocar la medida cautelar de prisión preventiva ordenada en contra de los defensores del agua de Guapinol y garantizar sus derechos humanos, en concordancia con las obligaciones internacionales del Estado. 18 de diciembre de 2020.- Ante la próxima audiencia de revisión de medidas en el caso de los defensores del agua de Guapinol, a realizarse este viernes 18 de diciembre a las 9:00am en el Juzgado de Letras de Tocoa, organizaciones nacionales e internacionales hacemos un llamado al Estado hondureño a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales y revocar la medida de prisión preventiva ordenada en contra de los defensores, al ser esta una medida arbitraria y carente de fundamentos, pues no se encuentra debidamente motivada ni es producto de un análisis pormenorizado de las circunstancias del caso. Los reconocidos defensores del río Guapinol personifican la criminalización histórica y sostenida hacia las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en un sistema de injusticia e impunidad. En agosto de 2018, miembros de la comunidad de Guapinol instalaron el campamento “Por el Agua y la Vida” en una vía pública para protestar contra la implementación de los proyectos mineros dentro del parque nacional. Como respuesta, Inversiones Los Pinares denunció a miembros del campamento y al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), y el Ministerio Público los requirió, usando como justificación las acusaciones de la empresa para desalojar el campamento arbitrariamente el 27 de octubre de 2018. El 29 de noviembre de 2019, se celebró un cabildo abierto en Tocoa, declarando el municipio libre de minería; este mismo día, la Corte de Apelaciones reconoció que el campamento instalado en la comunidad de Guapinol en agosto 2018 para protestar contra el proyecto minero era un acto lícito. A pesar de esto, el 1 de septiembre de 2019 el Juzgado con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa dictó auto formal procesamiento y ordenó prisión preventiva en contra de los defensores sin motivar su decisión. Al día de hoy, siete defensores llevan más de 15 meses en prisión preventiva, mientras que un octavo defensor se ha mantenido privado de libertad por casi dos años. Esta condición de privación de libertad expone a los defensores a graves riesgos para su salud y su vida, agravados en el marco de la pandemia por COVID-19. Por su parte, el trabajo minero, la criminalización y las agresiones en contra de las comunidades continúan. Ejemplo de ello es que otros cinco defensores enfrentan nuevos requerimientos como represalia a su rol de defensa del agua y los bienes naturales. Frente a este contexto, organizaciones nacionales e internacionales denunciamos una vez más que la denuncia, así como el proceso judicial y, en especial, la imposición de la prisión preventiva que han enfrentado los defensores, se dieron con el fin de atacar las manifestaciones pacíficas realizadas por los defensores y obstaculizar su ejercicio de defensa del agua y los bienes naturales. Como bien lo han posicionado organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, la aplicación extrema de la medida de prisión preventiva no ha sido justificada en este caso, ni por el Ministerio Público, ni por los tribunales. Así, la medida cautelar de prisión preventiva constituye una medida arbitraria contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a las garantías de debido proceso. La judicialización no tendría que ser utilizada como un método de control y castigo contra personas defensoras de derechos humanos. Reconocemos, además, que las amenazas, hostigamientos e intimidaciones, tanto judiciales como físicas y en redes sociales, contra las personas defensoras del río Guapinol y el CMDBCP, resultan sumamente preocupantes. La fuerte campaña de estigmatización y de odio desatada en los últimos meses tiene grandes impactos psicosociales en las comunidades que defienden sus derechos ligados al territorio y al medio ambiente. La desinformación genera un profundo rompimiento del tejido social y fracturas en los movimientos sociales, además de las acciones de violencia provocadas por las empresas, todo esto acompañado de una inevitable sobreexposición tanto de las personas defensoras como de sus familias. Estas agresiones se traducen también en ataques físicos y asesinatos, como lo demuestra la muerte de Arnold Joaquín Morazán Ezaro el 13 de octubre del 2020, quien, aunque no era miembro del CMDBCP, participó activamente en las acciones de 2018 para proteger las cuencas hidrográficas locales. Como resultado, fue una de las 32 personas que se enfrentaron al hostigamiento judicial relacionado con la oposición legítima a la minería en el Parque Nacional. Días antes de su muerte, el CMDBCP había denunciado públicamente el aumento de los riesgos, ya que vehículos militares y policiales, con aproximadamente 50 agentes fuertemente armados y cubiertos del rostro, vigilaban la comunidad en un acto de intimidación. Ante este grave contexto, las organizaciones firmantes exigimos al Estado de Honduras: 1. Revocar la medida cautelar de prisión preventiva y garantizar los derechos humanos de los defensores del agua, en concordancia con sus obligaciones nacionales e internacionales. 2. Desistir del uso del derecho penal para hostigar, amenazar, criminalizar y judicializar a los defensores del medioambiente en Honduras, sus familias y, en particular, los miembros de la comunidad de Guapinol y San Pedro por su labor de defensa del medio ambiente y los bienes comunes. 3. Garantizar la integridad física de las personas defensoras de los bienes naturales de Guapinol, en particular, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, las personas criminalizadas y sus familias. 4. Garantizar el debido proceso, su publicidad e independencia judicial, así como asegurar las condiciones para la observación nacional e internacional del desarrollo de diligencias del proceso judicial. 5. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la legalidad de las concesiones mineras que originaron el conflicto; así como de las campañas de estigmatización, las agresiones y asesinatos perpetrados en contra de las comunidades. 6. Reconocer la importancia de la legítima labor de las personas defensores de derechos humanos y el ambiente en Honduras y garantizar las condiciones para su ejercicio, así como garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.