Lunes 24 de agosto, 2020
Hoy, el equipo de defensa legal de los 8 Defensores del Agua de Guapinol en prisión preventiva presentó una acción constitucional de amparo por violación a su derecho al debido proceso y la libertad personal, instando a la sala de lo constitucional a rechazar la decisión del 13 de agosto de la Corte de Apelaciones. Hace diez días, los abogados defensores fueron notificados que el recurso de apelación que presentaron en noviembre de 2019 sobre la aplicación ilegal de la prisión preventiva en el caso de los defensores fue denegado. En una maniobra vergonzosa, la sentencia parece haber sido copiado y pegado de una resolución de un caso totalmente diferente.
Los 8 defensores han estado en la prisión preventiva casi un año sin tener en ningún momento un razonamiento legal sólido del porqué. Esta semana hace un año, los defensores se presentaron voluntariamente ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional para aclarar su situación legal después de que la empresa minera Los Pinares y el Ministerio Público presentaran cargos falsos en su contra.
Al terminar su audiencia inicial el 1 de septiembre de 2019, la jueza Lisseth Vallecillo ordenó la prisión preventiva a pesar de que los cargos a los que se enfrentan - incendio agravado y privación injusta de libertad - no requieren esta medida. Ella reafirmó esta decisión en noviembre 2019 durante una audiencia de revisión de medidas a puerta cerrada, citando su posible participación en una red criminal como razón para mantenerlos en detención, a pesar de que los cargos de asociación ilícita a los que se enfrentaban claramente eran infundados y fueron sobreseídos. El fallo copy paste de las magistradas María Luisa Ramos Matute, Erika Geraldina Dubon Padilla y el Magistrado Ramiro Alejandro Ramírez de la Corte de Apelaciones, emitido el 13 de agosto, ratifica el fallo de la Jueza Vallecillo, quien fue traslada del Juzgado de Jurisdicción Nacional la semana pasada.
Las acusaciones falsas que mantienen el Ministerio Publico y la empresa minera Los Pinares están relacionadas con los hechos ocurridos el 7 de septiembre de 2018, cuando decenas de guardias de seguridad armados de la empresa minera se presentaron para intimidar a un campamento pacífico que se había instalado en la comunidad de Guapinol para manifestar su oposición legitima a una mina de óxido de hierro operando ilegalmente en el parque nacional Carlos Escaleras. Un joven, parte del campamento, fue baleado pero no ha habido ninguna investigación o cargos presentados por el Ministerio Publico.
La acción de amparo se presenta el mismo día en que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos con sede en Ginebra y Paris emite una nueva alerta sobre la detención arbitraria de los ocho defensores, instando al estado hondureño poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento —incluido a nivel judicial— en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro y otorgarles la libertad inmediata e incondicional, respetando en todas circunstancias su derecho a un debido proceso.
El equipo legal asegura que la prisión preventiva en este caso es innecesaria y desproporcional dado que no llenan los requisitos por esta medida y que claramente no presentan peligro de fuga. Además, el nuevo código penal que entró en vigor en junio de 2020 y que beneficiaría a los defensores no fue tomado en consideración por la Corte de Apelaciones en su fallo.